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Trabajos « SOS Discapacidad

Trabajos


16
Jul 06

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12
May 06

Oferta de trabajo para persona con discapacidad

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Subject: Oferta de trabajo para persona con discapacidad

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La Fundación FU.PRE.DIS – Dirección Larrazabal 558 (1408) Capital Federal – Teléfono 4841-3622

Ojalá pueda aprovecharlo alguien. Gracias.


3
Feb 06

Para trabajar en Estudios de Abogados

El Colegio Público hace punta en el programa que la Comisión de Discapacidad ha puesto en marcha para que la Justicia y los abogados en sus estudios den trabajo temporal a chicos con capacidades especiales. Diego Martín: el primer pasante que trabaja en la Oficina de Matrícula.

La Comisión de Discapacidad ha puesto en marcha un programa de pasantías laborales para que jóvenes discapacitados se empleen en la Justicia Nacional y en los estudios de abogados que comuniquen su adhesión. Para abrir la puerta, el Colegio Público inició las pasantías con el trabajo de Diego Martín Capalbo, que tiene Síndrome de Down y se desempeña en la Oficina de Matrícula, a cargo de Silvia Finocchietto.

Además, el programa ya cuenta con la adhesión individual de numerosos jueces civiles y ha sido presentado ante el Consejo de la Magistratura para que sea aprobado.

Como entrar

El programa prevé pasantías de un mínimo de dos a un máximo de seis meses, con jornadas de trabajo de hasta cuatro horas que no crearán ningún tipo de relación laboral entre el pasante y el organismo, repartición, estudio o empresa en la que preste servicios. El joven recibirá una retribución como estímulo, viáticos y gastos derivados de su trabajo.

En la iniciativa interviene una institución asesora especializada en la discapacidad de que se trate que selecciona un candidato, constata el lugar de trabajo y determina con el empleador horarios, tareas a cumplir y los pormenores de la incorporación de un pasante. Además, será la encargada de hacer el seguimiento y control de la experiencia para las mayores posibilidades de éxito del joven como de la organización que lo reciba.

Para cada pasantía se firma un convenio entre la organización receptora, la institución encargada y los representantes legales del joven en el que se determinan los objetivos, características y condiciones de la experiencia, como también los derechos y obligaciones de las partes.

Diego Martín: el primer pasante

Para el Colegio Público no es novedad que Diego destruya los mitos que puedan tenerse sobre una persona con Síndrome de Down: es un joven amable, profundo e inteligente de 18 años que, como todos los chicos de su edad, tiene novia, adora las películas de terror, ha ingresado a su primer trabajo y piensa poco en el mañana: “¿El futuro? Prefiero no recordarlo. Vivo cada momento, vivo el presente”.

La gran noticia es que Diego es el primer pasante que la institución ha contratado para abrir la puerta a la gente con capacidades especiales: “Me siento muy cómodo, muy piola, me gusta y estoy muy tranquilo con mi trabajo”, informa el chico que desde el 2 de junio trabaja en la Oficina de Matrícula, a cargo de Silvia Finocchietto.

A pesar de que Diego va todos los días a la escuela dice que “es importante tener un ‘laburito’” porque sale de su rutina habitual, y aclara “no me estoy haciendo pequeñas trampitas y pongo mis ideas en el trabajo: trato de hablar bien, me esfuerzo mucho y cada vez estoy más orientado en lo que estoy haciendo”.

De sus compañeros dice que “son mis amigos: están cerca mío y me enseñan todos los días”. Y Silvia Finocchietto, jefa de la Oficina de Matrícula del Colegio Público, aclara que Diego “trabaja muy bien, se fijó objetivos y los cumplió”. “Lo único que yo necesito es no ir tan rápido para comprender bien el trabajo y tener recreos”, explica el pasante.

-Diego,¿qué le dirías a un abogado que quisiera emplear a un chico como vos?
-Le diría que lo tome para trabajar y que confíe en él.

Quienes deseen interiorizarse o participar del programa de pasantías, pueden ponerse en contacto con Inés Pacífico al 15 5113-7730, Ricardo Busto al 4325-1082 o al 15 5185-2038 o Martha Giménez al 4963-1318 o al 15 5478-3116.


8
Nov 05

Modelo de amparo para solicitar trabajo

PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO. RESERVA CASO FEDERAL.
Señor Juez:
, por derecho propio, con el patrocinio letrado de , abogado, C.P.A.C.F., To. 61, Fo. 565, con domicilio real en , ciudad de Buenos Aires, y constituyendo domicilio legal a los efectos de este proceso conjuntamente con mi abogado patroci-nante en , ante V.S. comparezco y respetuosamente digo:
I
OBJETO
1.1. Vengo por este acto, en legal tiempo y forma, a interponer acción de amparo en los términos del artículo 8º de la ley nº 104 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 14 de la Constitución de la Ciu-dad Autónoma de Buenos Aires contra la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autóno-ma de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525, ciudad de Buenos Ai-res, a los efectos de que V.S. ordene al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que: (i) responda al pedido de informes referido en el punto 4.5; y (ii) en caso de incumplimiento del cupo establecido en el artículo 43 de la Constitución de la Ciu-dad Autónoma de Buenos Aires, arbitre las medidas conducentes para su inmediato cumplimiento a mi respecto, acordándome de manera efectiva la posibilidad de acreditar mi idoneidad funcional y ocupar un puesto en la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1.2. Dada la supremacía de la norma consti-tucional respecto de cualquier norma legal o reglamentaria, y anticipando las rema-nidas excusas de índole legal y reglamentaria para vulnerar el mandato constitucio-nal, tales como carencias presupuestarias, falta de vacantes, inexistencia de con-cursos abiertos, restricciones al empleo público, etc., es pretensión de esta parte que V.S. ordene a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que implemente medidas inmediatas para el cumplimiento de la manda constitucional, no obstante cualquier disposición de rango inferior que pudieran obstar a tal cumplimiento a mi respecto o diferirlo. Ello, dentro del plazo perentorio e improrrogable que V.S. considere justo.
II
LEGITIMACIÓN
2.1. Me encuentro legitimado activamente para entablar la presente demanda puesto que he sido alcanzado por los efectos de omi-siones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lesionan en forma manifiesta mis derechos.
2.2. En este sentido, el artículo 14 de la Cons-titución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 8º de la ley nº 104 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires me habilitan a interponer acción de amparo ante la configuración de los requisitos allí establecidos, que se reúnen en este caso.
III
COMPETENCIA
V.S. resulta competente para entender en esta causa en virtud de lo dispuesto en el artículo 8º de la ley nº 104 en cuanto establece que será competente para conocer la acción de amparo el fuero contencioso admi-nistrativo de la Ciudad de Buenos Aires.
IV
ANTECEDENTES FÁCTICOS Y JURÍDICOS
Subcapítulo 1
Los hechos
4.1. Tengo una discapacidad desde el año , conforme lo acredito con el certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de la Nación con fecha , cuya copia acompaño (Anexo A).
(i) [Antecedentes laborales]. Desde me en-cuentro desempleado y mi situación económica es precaria.
4.2. Conforme lo dispone el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra garantizado pa-ra las personas con discapacidad un cupo dentro de los puestos de trabajo estata-les. Es por ello que realicé reiterados pedidos en diversas reparticiones públicas, no obteniendo hasta la fecha respuesta satisfactoria de ninguna de las requeridas. En honor a la brevedad, me remito a las presentaciones y constancias cuyas copias ad-junto al presente (Anexos B.1. a B.7).
4.3. La falta de respuesta a mis pedidos y las evasivas de los funcionarios que entrevisté personalmente no hacen más que con-firmar que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incumple de manera flagrante el claro mandato que resulta del artículo 43 de la Constitución local, que no existe ningún mecanismo efectivo que propenda a su cumplimiento, y que el Gobier-no carece de toda voluntad de cumplir ese mandato.
4.4. Toda vez que los pedidos que hice no re-cibieron satisfacción alguna, el de de envié al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de jefe de la administración publica de la ciudad (articulo 102 de la Constitución local), una carta documento cuya copia acompaño (Anexo C), recibida por el Gobierno de la Ciudad el de de , mediante la cual requerí a ese servidor público que, en el plazo de diez días hábiles:
(i) informe si existen en este momento con-cursos u otros procedimientos de selección de personal abiertos, destinados a la in-corporación de [profesión], en cualesquiera organismos y entidades de la Ciudad Au-tónoma de Buenos Aires indicados en el artículo 1° de la ley n° 104 de la Ciudad Au-tónoma de Buenos Aires, con una descripción completa de cada uno de tales proce-dimientos;
(ii) brinde información estadística detallada acerca de las incorporaciones a planta permanente, transitoria, como contratados o en cualquier otra categoría de personal, de [profesión] a cualesquiera organismos y entidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indicados en el artículo 1° de la ley n° 104 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 1° de julio de 2003, es-pecificando la cantidad de trabajadores discapacitados incorporados, con discrimi-nación de las incorporaciones de personal (discapacitado o no) según cada una de las modalidades arriba expresadas;
(iii) informe de manera detallada acerca del “registro de trabajo para personas con discapacidad”, incluyendo una descripción de sus normas de creación, autoridades desde su creación, competencia, atribuciones, acciones adoptadas desde su creación, cantidad de personas inscriptas en la actua-lidad, evolución del número de inscriptos desde la creación, acciones emprendidas para difundir la existencia del registro, acciones adoptadas para comunicar a los ins-criptos la existencia de vacantes en cualesquiera organismos y entidades de la Ciu-dad Autónoma de Buenos Aires indicados en el artículo 1° de la ley n° 104 de la Ciu-dad Autónoma de Buenos Aires, y toda otra información relevante que abarque todo el tiempo transcurrido desde la creación del organismo hasta la actualidad;
(iv) informe de manera detallada acerca de to-dos los organismos con competencia, atribuciones y/o funciones relacionadas con la problemática de la discapacidad en general, con el empleo de personas discapacita-das y con la gestión de los recursos humanos de la Ciudad de Buenos Aires, con in-formación precisa acerca de las acciones concretas implementadas por tales orga-nismos tendientes al cumplimiento del artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Au-tónoma de Buenos Aires, y los resultados logrados, todo ello desde la fecha de su creación;
(v) identifique a los responsables actuales de cada uno de los organismos mencionados en el punto (iv), con indicación de su car-go y domicilio laboral;
(vi) informe el total de personas empleadas en cada uno de los organismos y entidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires in-dicados en el artículo 1° de la ley n° 104 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea en planta permanente, transitoria, como contratados o en cualquier otra catego-ría de personal y total de personas discapacitadas que desempeñan tareas en tales organismos y entidades, y evolución de ambas cifras desde la sanción de la Consti-tución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
(vii) informe concreta y circunstanciadamente acerca de los procedimientos o modalidades mediante las cuales el suscripto podría acceder de manera urgente a un empleo acorde con mi título de , en cualquiera de los organismos y entidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indicados en el artículo 1° de la ley n° 104 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4.5. Atento a que el plazo de diez días hábiles fijado por el suscripto en la carta documento venció el de pasado, sin que el Po-der Ejecutivo de la Ciudad haya respondido a mis requerimientos, es aplicable el ar-ticulo 8º de la ley nº 104, considerándose que el Poder Ejecutivo ha respondido nega-tivamente a mi requisitoria. Ello que se explica por ser de público y notorio el hecho de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cumple con la obligación que le impone el artículo 43 de la Constitución local, circunstancia que corroboran los artí-culos periodísticos y el informe del Comité de Evaluación del Seguimiento de la Con-vención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad que acompaño (Anexo D).
4.6. Al no haber obtenido respuesta a ninguno de mis pedidos, es evidente que los caminos ordinarios no son efectivamente útiles para lograr la protección del derecho consagrado en el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4.7. En consecuencia, debido a la necesidad imperiosa y urgente que tengo de conseguir un empleo que sea acorde con mis cali-ficaciones personales para asegurar mi subsistencia, interpongo la presente acción de amparo a fin de obtener una resolución por parte de V.S.
Subcapítulo 2
La normativa aplicable
4.8. El artículo 14 de la Constitución Nacional expresa que: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar…”. Asimis-mo, en el artículo 14 bis se garantiza que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes….”. Otras disposiciones en el mismo sentido, de rango constitucional federal, son la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 23.1) y la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 6°).
4.9. El artículo 16 de la Constitución Nacional, por su parte, establece que “todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisi-bles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.”. El mismo principio es re-cogido por otras normas con jerarquía constitucional federal (Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 2°; Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 1°, 2° y 7°; Convención Americana de Derechos Humanos, artí-culo 24; Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.2; Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2.1 y 26), y por el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4.10. El artículo 75, inciso 23 de la Constitu-ción Nacional torna explícito el derecho de los discapacitados a obtener trabajo al in-cluir dentro de las atribuciones del Congreso Nacional la de: “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad” (el subrayado me pertenece). En el mismo sentido se expresa la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 42, a la que nos remitimos brevita-tis causa.
4.11. La ley nacional nº 25.280 adhiere a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-ción contra las Personas con Discapacidad, celebrada en Guatemala, que hace ex-presa mención de la obligación de los Estados parte de eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamenta-les y/o entidades privadas en la prestación de bienes tales como el empleo.
4.12. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció los derechos de las personas discapacitadas en múltiples docu-mentos, entre los cuales se destacan las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que adjunto al presente.
4.13. La ley nacional nº 22.431 de Protección Integral para los Discapacitados, sancionada en 1981, expresa en su artículo 8º que “el Estado nacional…está obligado a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas.” Esta norma sigue los lineamientos de la le-gislación internacional ya que tanto en Francia, Italia y Alemania, como en otros paí-ses, se dan leyes similares aunque estableciendo cupos diversos, en general, más exigentes.
4.14. El artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa que la Ciudad: “asegura un cupo del cinco por ciento del personal para las personas con necesidades especiales, con in-corporación gradual en la forma que la ley determine.”
4.15. Si bien no existe una norma específica que reglamente dicha incorporación, las mandas constitucionales se tornan operati-vas por sí mismas por imperio del artículo 10 de la misma Constitución, que estable-ce que los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos
4.16. La Ley de Empleo nº 120 indica en su ar-tículo 2° que son objetivos de la política de empleo de la Ciudad Autónoma de Bue-nos Aires: proteger el trabajo en todas sus formas y asegurar al trabajador los dere-chos establecidos en la Constitución Nacional, en los convenios ratificados de la Or-ganización Internacional del Trabajo y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promover la igualdad de oportunidades y la erradicación de toda forma de discriminación, y promover políticas de apoyo para el empleo de las personas con necesidades especiales (artículo 12, ley nº 120)
4.17. La ley nº 471 indica en su articulo 63 que el Poder Ejecutivo establecerá los mecanismos y condiciones a los fines de garanti-zar el cumplimiento del cupo previsto para las personas con necesidades especiales de conformidad con lo establecido en el articulo 43 de la Ciudad Autónoma de Bue-nos Aires, debiendo asegurarse además la igualdad de remuneraciones de estos trabajadores con los trabajadores que cumplan iguales funciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4.18. En honor a la brevedad, me remito a las profusas y acertadas razones expresadas en las resoluciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires números 1821/00, 4281/01 y 1775/03, oportu-namente notificadas a los pertinentes órganos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Au-tónoma de Buenos Aires, que ofrezco como prueba.
4.19. El artículo 7º de la ley nº 104 establece que: “Toda solicitud de información requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles.“ Conforme al artículo 8º de la misma ley, “si una vez cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, la deman-da de información no se hubiera satisfecho o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua o parcial, se considera que existe negativa en brindarla, quedando habilitada la acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.”
4.20. Corresponde aquí subrayar el rango su-perior del artículo 43 de la Constitución local y las demás normas de rango constitu-cional federal y local, y de los tratados vigentes, respecto de las normas legales y reglamentarias de la Ciudad, sean ellas de alcance general o particular. La razón del énfasis consiste en que es práctica habitual de los funcionarios invocar las complejí-simas normas y disposiciones relativas a la contratación de agentes estatales, ora para considerar imposible jurídicamente la contratación fuera de esas normas y dis-posiciones, ora para colocar en una supuesta igualdad para competir a quienes, no en su dignidad pero en los hechos, se encuentran en desigualdad de condiciones.
4.21. El personal de la Ciudad aumenta en su número año tras año, siendo muy dudosa la productividad de ese personal, pues no consideramos que los habitantes de esta Ciudad aprecien mejoras en los servicios estatales asociadas a ese aumento.
4.22. Ello hace a su vez dudosa la idoneidad de muchos agentes, y nos hace preguntarnos en qué medida la idoneidad es el crite-rio rector en la admisión de agentes estatales.
4.23. De una forma u otra el Estado, siempre que quiere, contrata personal, bajo infinidad de formas (tan creativas por cierto) que justifiquen darle lugar y presupuesto, y es por otra parte dudoso que la idoneidad sea el criterio rector para la selección de personal.
4.24. Ello hace escandalosas las “razones” de los funcionarios públicos que esgrimen las normas generales y particulares relativas al presupuesto o a la admisión de agentes, que muchas veces son modificadas o manipuladas a medida, para negar a los discapacitados su derecho emergente del artículo 43 de la Constitución local, so pretexto de que “no hay concursos”, “no hay vacantes” o “no hay presupuesto”.
4.25. Por otra parte, el Estado desconoce la entidad como personas de los discapacitados (pese a su preocupación en aspectos semánticos como la insistencia en el uso de la expresión “personas con necesida-des especiales”), pues no existe plan (real) alguno para eliminar eficazmente las ba-rreras a la accesibilidad existentes, o adoptar medidas que mínimamente permitan el transporte público de los discapacitados, entre muchos más ejemplos.
4.26. Ese mismo Estado, muchas veces pre-tende que los discapacitados nos coloquemos en igualdad para competir, nos dice “cuando haya un concurso deberá competir”. ¿Pueden esos funcionarios imaginar las dificultades prácticas que puede encontrar un discapacitado motriz o visual para enterarse de que existe un concurso (abierto por la libérrima voluntad del Gobierno), para desplazarse a través de todas las instancias de un proceso de contratación? Acaso, ¿no es el Estado quien debe cumplir la obligación de resultado del cupo del 5% y adoptar medidas activas para cumplir su obligación?
V
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO
5.1. La presente acción de amparo resulta procedente en cuanto el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que “toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra to-do acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifies-ta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados inter-nacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad es parte…”.
5.2. En el caso existe una doble omisión de la Ciudad. Concretamente ha omitido responder a mi pedido de informe. Pero además, y ello constituye la omisión sustancial, ha omitido cumplir el clarísimo mandato con-tenido en el artículo 43 de la Constitución local. Tal hecho, que es de conocimiento público y que podrá ser circunstanciadamente probado en esta causa, puede consi-derarse un caso casi académico de violación total de una norma por omisión, si se considera que la Ciudad no ha puesto en marcha mecanismo alguno tendiente a efectivizar la manda constitucional, ni ha demostrado intención alguna de cumplirla.
5.3. Si V.S. resuelve admitir la testimonial ofrecida, podrá probarse que la Ciudad no ha elaborado política alguna tendiente al cumplimiento del cupo establecido constitucionalmente, y que sólo tiene vacías ex-cusas que jamás justificarían el palmario apartamiento de la norma citada.
5.4. También abona la oportunidad del reme-dio intentado la doctrina de la causa “Arbones”, en la cual la Corte Suprema de Justi-cia de la Nación expresó que “si bien la acción de amparo no está destinada a reem-plazar los medios ordinarios para la solución de las controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos administrativos y judiciales no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de aspec-tos de forma” (Fallos 311:208; las negritas me pertenecen).
5.5. Este es uno de aquellos casos en que se revela la total apatía y desidia de los funcionarios frente a peticiones totalmente justi-ficadas y frente a normas claras y de elevado contenido moral y social, cualquiera sea la forma en que se planteen tales peticiones. En mi caso, he recorrido todos los pasillos, presenté toda clase de notas y, finalmente, recurrí al patrocinio letrado, har-to de que me ignoren. Es que nunca hubo respuestas serias, nunca conocí política o plan alguno para hacer efectivo el derecho que invoco.
5.6. Y en ese contexto aparece la función ju-risdiccional llamada en el caso, no meramente a dar su derecho a un individuo, sino a corregir el abuso y a provocar la acción. Pues el mandato constitucional, abierto pero firme a la vez, exige que el brazo de la ley ordene sin más su cumplimiento. El artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede quedar más librado al pretexto de que debe ser reglamentado, o depender de la “buena voluntad” de los funcionarios, las comisiones, procedimientos e infinitas nor-mas y artilugios cosméticos que crean constantemente para no resolver problemas. Es aquí donde se revela inefectivo todo intento de obtener razones de los funciona-rios. No necesitamos más normas ni excusas. Es necesaria solamente la voluntad y la decisión de cumplir la norma vulnerada.
5.7. Si es que debe determinarse si los cami-nos ordinarios son efectivamente útiles para lograr la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate, es claro que en el caso resultaron totalmente inútiles mis peticiones y las de otros tantos en mi condición, como es inútil toda la pantomima consistente en dictar normas y crear organismos cuando norma tan cla-ra como el artículo 43 de la Constitución local es pisoteada.
5.8. Aplicando la conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la misión fundamental de los jueces de la República es hacer efectivos los derechos reconocidos en las constituciones nacio-nal y locales y en las leyes, con independencia de que los otros órganos de gobierno hubieran cumplido o no con su obligación al respecto: “Siempre que aparezca, en consecuencia, de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una restricción cual-quiera a alguno de los derechos esenciales de las personas así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimien-tos ordinarios, administrativos o judiciales, correspondería que los jueces restablez-can de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo…” (Caso “Kot”, Fallos: 241:291).
5.9. Es claro el daño que se me provoca. Pri-meramente no se me permite demostrar mi idoneidad como [profesión] (o actividad a la que las facultades de la profesión pudieran ser aplicables), desconociéndose así la capacitación que adquirí. No se me reconoce el derecho de trabajar, y de dignifi-carme mediante el trabajo. No se me permite subsistir con el fruto de mi esfuerzo. Transcurridos ocho meses desde mis primeras peticiones y encontrándome des-empleado desde el año 2000, agotado espiritualmente y sin recursos, la demora en la solución de mi situación de desempleo será seguramente irreparable.
5.10. Finalmente, la vía intentada también es procedente en atención a lo dispuesto en el articulo 8º de la ley nº 104 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires articulándose esta pretensión como previa e instrumen-tal a la introducida en virtud del artículo 43 de la Constitución local.
VI
SOBRE LA LEY 1502
La ley n° 1502 de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA n° 2076 del 26 de noviembre de 2004) en la práctica sanea la mora del Eje-cutivo local en la implementación del cupo al conferir un plazo para su cumplimiento.

Esa ley no puede ser aplicada a mi mandante ni interpretada de manera que se menoscabe o relativice el derecho ya adquirido en virtud de la norma constitucional, tomando en cuenta especialmente el tiempo trans-currido desde su sanción. Una aplicación con ese alcance es inconstitucional, y por ello la reserva formulada en el capítulo IX, “infra” comprende el planteo de tal inconsti-tucionalidad.

VII
DERECHO
Fundo mi derecho en los artículos 14, 14 bis, 16 y 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, la ley nacional nº 22.431, los artículos 14 y 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes núme-ros 104, 120 y 471 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en las demás normas citadas en el presente escrito.
VIII
PRUEBA
Se ofrece como prueba en estas actuaciones las siguientes:
8.1. Documental:
(i) copia de las constancias emitidas por , que acredita mi matriculación conforme a las normas vigentes;
(ii) ejemplar de mi currículum vitae;
(iii) copia del certificado de discapacidad emi-tido por el Ministerio de Salud de la Nación con fecha ;
(iv) copias de las notas cursadas por el sus-cripto a los diversos organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las re-cibidas de éstos y otras constancias;
(v) copia o transcripción de artículos periodís-ticos de los siguientes medios: “Los Andes”, 19 de noviembre de 2003; “La voz del interior”, 7 de marzo de 2004; “Clarín”, 11 de mayo de 2004; “Pagina 12”, 11 de mayo de 2004;
(vi) transcripción del “Informe preliminar sobre la situación de las personas con discapacidad en la Argentina”, elaborado por el Comité de Evaluación del Seguimiento de la Convención Interamericana para la Eli-minación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Disca-pacidad.
8.2. Testimonial:
Se cite para que presten declaración testimo-nial a las siguientes personas:
(i) Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autó-noma de Buenos Aires, Dr. Aníbal Ibarra, con domicilio en Avda. de Mayo 525, piso 1º;
(ii) Señor Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Rafael Edgardo Romá, con domicilio en Av-da. de Mayo 575, piso 3º;
(iii) Señora Secretaria de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Marta Albamonte, Avda. de Mayo 525, piso 3°;
(iv) Señor Subsecretario de Gestión Operativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cdor. Horacio Luis Lértora, Avda. de Mayo 525, piso 3°;
(v) Señor Director General de Recursos Hu-manos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Aldo Omar Formento, Carlos Pellegrini 211, piso 5°;
(vi) Señor Antonio Donato Coppola, Presidente de la “Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con Nece-sidades Especiales”, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría Jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Av. de Mayo 525, piso 1°, oficina 136.
8.3. Informativa:
Se libre oficio a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires sita en Venezuela 842, (C1095AAR) Buenos Aires, para que provea copia certificada de las resoluciones números 1821/00, 4281/01 y 1775/03.
IX
RESERVA DEL CASO FEDERAL
9.1. Para el hipotético supuesto de que V.S. y eventualmente la Cámara de Apelaciones rechacen la procedencia de la acción in-tentada, dejo planteada la reserva de caso federal conforme el texto expreso del artí-culo 14 de la ley 48 a fin de contar con la posibilidad de acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del recurso extraordinario federal, por cuestionarse un acto u omisión de autoridad pública en flagrante contradicción con lo establecido expresamente en la Constitución Nacional, por encontrarse afectado el derecho de trabajar reconocido en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la garantía de la igualdad, re-conocida en los artículos 16 de la Constitución Nacional y 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los demás derechos, normas y principios constitucionales invocados en el presente.
9.2. Tales violaciones me ocasionan un perjui-cio concreto y apreciable inmediatamente pues me encuentro en una precaria situa-ción de subsistencia debido a la falta de trabajo.
X
INTRODUCCIÓN DE UN AMIGO DEL TRIBUNAL
10.1. Para la oportunidad procesal que V.S. considere procedente, anticipo la posibilidad de introducir por lo menos un amicus curiae sobre los derechos en juego en este caso.
10.2. La presentación de uno o más amigos del tribunal se justifica dada la trascendencia del tema en debate y del interés público involucrado en su solución, considerando esta parte que su introducción no obstará a la celeridad que merece este procedimiento de amparo.
10.3. Son planamente aplicables al caso las razones expresadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al admitir esta fi-gura a través de su acordada nº 28, del 14 de julio de 2004. Al hacerlo, consideró que ella responde al “…objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitución Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colecti-vo.”
10.4. Agregó la Corte que “…la intervención que se postula encuentra su fundamento, aún antes de la reforma de 1994, en lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que los fines que inspiran dicha participación consultan substancialmente las dos coordenadas que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno.” Por último, tuvo en cuenta que “…la actuación de los Amigos del Tribunal encuentra sus-tento en el sistema interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art.75 inc.22), pues ha sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Inter-americana de Derechos Humanos (art.62.3) y ha sido expresamente autorizada por la comisión Interamericana de Derechos Humanos con sustento en los artículos 44 y 48 de la Convención Americana.”
10.5. Los mismos elevados principios inspira-ron la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires n° 402, que llevaron a concluir al Dr. Norberto Darcy que “…el amicus curiae no es otra cosa más que una forma de instrumentar la democracia participativa en el ámbito jurisdiccional, sin que ello im-plique, claro está, menoscabo alguno sobre el poder de imperium de los jueces a la hora de hacer justicia” (“Nuevas Instituciones Procesales. El ‘amicus curiae’ en la Ciudad de Buenos Aires”, La Ley, jueves 24 de junio de 2004).
XI
PETITORIO
Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:
(i) tenga por interpuesta en debido tiempo y forma la presente acción de amparo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(ii) tenga por ofrecida la prueba.
(iii) tenga por formulada la reserva del caso federal.
(iv) tenga presente la posibilidad de introducir uno o más amigos del tribunal y, en la oportunidad que V.S. estime conveniente, ad-mita los mismos.
(v) oportunamente haga lugar a la acción de amparo interpuesta y ordene al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que acuerde al suscripto la posibilidad de acreditar su idoneidad funcional e incorpo-rarse a la administración pública local, tal como se pide en el Capítulo I de esta pre-sentación:
Proveer de conformidad, que
SERÁ JUSTICIA


12
Sep 05

busco trabajo manual para realizar en mi casa

soy de berisso, pcia. de bs.as. mi direccion de mail es subepobu2003@yahoo.com.ar
gracias


29
Ago 05

Ministerio de Trabajo (deberes)

Ante consultas por situaciones laborales de Personas con Discapacidad, dirigirse al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sito en la Av. Leandro N. Alem 650 (C10001AAO) Buenos Aires. http://www.trabajo.gov.ar

Línea gratuita para consultas 0800-222-2220 todos los días de 8 a 24 hs.

Derecho Familiar de Inclusión Social de lunes a domingos de 8 a 24 hs.

Consultas sobre temas laborales de lunes a viernes de 10 a 17 hs.

Biblioteca 4310-7073/6077, de lunes a viernes de 10 a 17 hs. ó en biblioteca@trabajo.gov.ar

El Ministerio de Trabajo tiene en vigencia el Programa de Apoyo a la Inserción Ocupacional de las Personas con Discapacidad

El Programa está organizado en cuatro componentes, cuyos objetivos específicos se relacionan con:

1) La creación y el fortalecimiento de talleres protegidos.

2) La Capacitación de las personas con discapacidad para mejorar sus condiciones de empleabilidad.

3) La realización de obras de supresión de barreras arquitectónicas.

4) La capacitación y el desarrollo de un plan de negocios para la instalación de microemprendimientos.

Dentro de los Programas en diseño podemos mencionar:

1) Programa de adaptación al Puesto de Trabajo.

2) Programa de Integración y Seguimiento.


29
Ago 05

Talleres Protegidos

Talleres Protegidos de Producción

Objetivo:

Estos talleres son una alternativa para el grupo de personas discapacitadas que transitoria o permanentemente no se encuentran en condiciones de ingresar al mercado labora competitivo. Por ello se promueve el programa Talleres Protegidos de Producción de acuerdo con el Decreto Nº 498/83, reglamentario de la Ley Nº 22.431.

Se define a los Talleres Protegidos de Producción como: “entidades estatales o privadas bajo dependencia de asociaciones con personería jurídica y reconocidas como de bien público, que tengan por finalidad la producción de bienes y/o servicios, cuya planta esté integrada por trabajadores discapacitados física y/o mentalmente, preparados y entrenados para el trabajo”.


29
Ago 05

Como puede hacer una persona con discapacidad para inscribirse c

La Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables realiza acciones de intermediación laboral. En tal sentido, la Unidad cuenta con una bolsa de empleo para personas con discapacidad y para su operatoria se ha creado un sistema informático para la inscripción, que recaba los datos personales, tipo de discapacidad, situación socioeconómica, nivel educativo y antecedentes laborales del postulante.

El interesado debe presentarse personalmente, con fotocopia del certificado de discapacidad, del DNI, y un curriculum vitae – de lunes a jueves, de 11 a 16 hs. en Av. L. N. Alem 638 – 2º piso.

Para mayor información los postulantes y empresarios pueden comunicarse a los teléfonos 4310-5656/5920/5922/5891 o bien por mail a discapacidad@trabajo.gov.ar, también a consultas@trabajo.gov.ar


29
Ago 05

Asesoramiento

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, brinda asesoramiento a empresas, personas con discapacidad, organizaciones relacionadaas con la temática y todo interesado en contribuir con el desarrollo armónico e integrado de la sociedad.

El interesado debe presentarse personalmente, con fotocopia del certificado de discapacidad y del DNI, de lunes a jueves de 11 a 16 hs. en Av. L.N. Alem 638 – 2º piso.

Para mayor información, los postulantes y empresarios pueden comunicarse a los teléfonos 4310-5656/5920/5922 o bien por mail a discapacidad@trabajo.gov.ar

Artículo 23 de la Ley 22.431

del Sistema de Protección Integral de los Discapacitados

(texto según Ley 23.021)

Los empleadores que concedan empleo a personas discapacitadas tendrán derecho al cómputo, a opción del contribuyente, de una deducción especial en la determinación del Impuesto a las ganancias o sobre los capitales, equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de las retribuciones correspondientes al personal discapacitado en cada período fiscal.

El cómputo del porcentaje antes mencionado deberá hacerse al cierre de cada período. Se tendrán en cuenta las personas discapacitadas que realicen trabajo a domicilio.

A los efectos de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, también se considerará las personas que realicen trabajos a domicilio.


16
Ago 05

DANZAS

¿querés hacer danzas y estás en silla de ruedas, con muletas o sana? LLAMA A Cecilia
solcerantonio@hotmail.com
02944-506476 ó 15 51-6476;
no importa donde estés, hacé un grupo y ella va.